Debido a casos expuestos por celebridades de diversos países, e incluso a películas y series que abordan el tema de manera abierta; la maternidad subrogada o vientre de alquiler cobra cada vez mayor relevancia.
Esta práctica comienza con la firma de un documento, mediante el cual una mujer acepta embarazarse para una persona o una pareja que busca convertirse en padres, con la condición de que al término del embarazo, entregará al recién nacido a quienes la contrataron. La gestación se realiza mediante técnicas de reproducción asistida, lo que permite que quienes no pueden tener un hijo biológico, por cuestiones de salud, porque son parejas del mismo sexo o porque desean ejercer la maternidad o paternidad sin una pareja, puedan lograrlo.
La consultora Global Market Insight reveló en su informe Surrogacy Market 2023-2032, que este “servicio” es una industria creciente, que alcanzará la cifra de 129 mil millones de dólares para 2032. De ahí que tanto la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México, como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), den a conocer estudios donde resaltan, desde la psicología, medicina, biótica, derecho y estudios de género, todo lo que envuelve el vientre subrogado en el país.
Lo primero a resaltar es que no existe un registro exacto de las mujeres que han formado parte de esos procesos; en tanto, sí es claro que sólo Michoacán, Sonora, Coahuila, Zacatecas y Ciudad de México han intentado legislar el tema; que Tabasco y Sinaloa son los únicos que tienen información al respecto en sus leyes; y que San Luis Potosí y Querétaro incluyen en sus códigos civiles y familiares la prohibición de manera expresa de la práctica.
En 1997, Tabasco se convirtió en el primer estado mexicano en poner la figura de “gestación por sustitución” en su Código Civil. En ese momento se contemplaba registrar a los menores nacidos por estos acuerdos de vientre subrogado. Entonces también permitía que existieran contratos, pero no se abordaba ninguna protección a las partes, por lo que no se hacía cargo de legislar abusos o problemas surgidos entre las partes.
En 2015, el mismo estado modificó su ley en esta materia, donde como rasgos positivos obligaba a los padres contratantes a hacerse cargo de los gastos médicos derivados del embarazo, parto y puerperio; contratar un seguro de gastos médicos mayores para la mujer gestante; así como responsabilizarlos a acudir con notarios públicos, oficinas de salud y registro civil, para notificar el inicio, desarrollo y conclusión de los acuerdos de gestación subrogada.
Sin embargo, también pidió que los padres contratantes sólo fueran mexicanos y que dentro de ellos hubiera una mujer con dictamen de infertilidad, lo que descartó a parejas homoparentales a acceder a la oportunidad de ser padres. Las modificaciones fueron aprobadas en 2016, y en los meses en los que se analizaba el cambio, los menores nacidos bajo dicho esquema quedaron en una especie de limbo, por lo que algunos de ellos no tienen acceso a un registro de nacimiento.
En Sinaloa, que es el otro estado donde se legisló la gestación subrogada, la figura está desde 2013, aunque con restricciones que no permiten que sea una práctica con garantías para ambas partes.
En los informes publicados por la UNAM, se cita que el costo aproximado de las clínicas que ofrecen el servicio es de 60 mil dólares; aunque de ese importe lo que llega a las mujeres gestantes es mínima. Como prueba, expusieron un Contrato de Maternidad Sustituta del 2022, perteneciente a una pareja homoparental proveniente de España, que vino a México a llevar a cabo el proceso de gestación.
La gestante era una joven mexicana, de veintitantos años, soltera, empleada y con domicilio en la Ciudad de México. Por transferencia embrionaria recibiría 15 mil pesos; por confirmar el embarazo otros 25 mil pesos; por ser un embarazo múltiple se le darían 50 mil pesos más; sumado a una mensualidad de 10 mil pesos, para un pago total de 200 mil pesos.
La Máxima Casa de Estudios también informa que las redes sociales, en específico grupos de Facebook, son el lugar donde es común ver los anuncios de búsqueda de madres que renten su vientre, a quienes entre los requisitos principales se les pide tener entre 18 y 36 años, ya tener mínimo un hijo propio, ser solteras o vivir en unión libre. Las ofertas publicadas inician desde los 200 mil pesos, aunque hay quienes por embarazo gemelar ofrecen 420 mil pesos, más bonos de 15 mil pesos por colocación de embriones, 25 mil pesos para ropa de maternidad o compensación de cesárea por 37 mil pesos.
Y mientras algunas agencias buscan, otras mujeres son las que se proponen solas, bajo el esquema de “remuneración a sus posibilidades”, “trato directo sin agencia”. O también están los que publican “cuento con 80 mil pesos mexicanos, sueño con ser padre, ¿a alguien le interesan?”
Sin duda éste será un tema que seguirá dando de qué hablar entre los legisladores, ya que se trata de una industria creciente, no sólo en México.

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