Tal y como se anunció en días pasados, aunque la fecha agendada para las elecciones 2024 es el 2 de junio, se haría una excepción de voto anticipado, en específico para personas que se encuentran en las diferentes cárceles del país. ¿Cómo se tomó esta decisión y cómo se dio la jornada?
Guadalupe Gómez Hernández y Marcos Ruiz López son dos indígenas tzotziles que resultaron torturados y detenidos en el año 2002. Al momento de su arresto, las autoridades no se dirigieron a ellos en su lengua y los enviaron a El Amate, una cárcel en Chiapas donde luego de 16 años sin sentencia, y mientras seguían su proceso, en 2018 reclamaron al Tribunal Electoral su derecho al sufragio.
El 20 de febrero de 2019 que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por mayoría de votos que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, ya que se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia.
Desde entonces, se comenzaron a correr pruebas piloto rumbo a 2024, por lo que las cárceles federales de Chiapas, Sonora, Guanajuato, Morelos y Michoacán hicieron un ejercicio en 2021. De las 920 personas con derecho a votar, el 95% acudió a las casillas.
Hidalgo fue el primer estado en incorporar este derecho en su legislación, seguido por Ciudad de México y Chiapas.
La prueba de mayor número se dio en 2023, cuando en el Estado de México, de los 35 mil presos, 4 mil sin sentencia pudieron votar en el rubro de gobernador.
Para este 2024, se dio a conocer que sería durante el mes de mayo (del 6 al 20) que cerca de 50 mil personas en prisión preventiva podrían acceder por primera vez al voto, en específico para elegir Presidente de la República.
A pesar de los avances, también se informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede obligar a los estados a que permitan entrar a sus cárceles, por lo que los gobernadores de Veracruz y Yucatán decidieron que los reclusos no tuvieran acceso a este derecho.
Tan sólo en Veracruz se calcula que hay 4 mil 500 personas en prisión preventiva, las cuales están en 17 penales. El gobernador Cuitláhuac García dijo que por “razones de seguridad” daba su negativa.
Quienes sí participarían serían otras 204 prisiones, aunque también hay que considerar que quienes ejerzan su voto deben tener su credencial de elector vigente (dura 10 años), ya que de lo contrario no aparecen en el padrón.
El primer voto en esta modalidad histórica se recibió a las 8:05 de la mañana, del 6 de mayo, en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta. Otro de los lugares más vigilados fue el Altiplano, donde acudieron a emitir su voto 106 de los 118 reclusos con oportunidad de hacerlo.
Previo a estas fechas, los encargados de cada centro penitenciario tuvieron que dar a los reclusos el acceso a los debates presidenciales, así como a la información relacionada con el proceso electoral.
El día de la votación, cada preso no sentenciado recibió un sobre en el que además de un breve resumen de cada partido político, se incluyó el instructivo sobre cómo votar y las respectivas boletas.
Dentro de las cárceles se instalaron mesas receptoras de votos, las cuales fueron atendidas por funcionarios de la Junta Distrital Ejecutiva del INE, además de presencia de las consejerías Electorales Locales y Distritales, Observadores Electorales y Representaciones Partidistas, previamente capacitadas.
Este acto fue histórico en México, donde se calcula que hay 232 mil presos, de los cuales el 38% todavía no ha recibido condena.
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