¿De qué van los cambios a la Constitución en materia energética?
Paulina Casanova
13 noviembre, 2021
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado 30 de septiembre la Iniciativa de Decreto para que se reformen los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Algunos de los puntos principales que incluye su propuesta son:
- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) será la encargada de generar por lo menos el 54% de la energía eléctrica que se requiera, por lo que el servicio de abastecimiento de la misma sólo será prestado por la Comisión, que a su vez podrá adquirirla con el sector privado.
- Se cancelan los permisos de generación eléctrica que fueron otorgados, así como los contratos de compraventa de electricidad realizados con el sector privado.
- El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de adhiere a la CFE.
- Se cancelan los certificados de energías limpias.
- Se suprimen los órganos reguladores de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, para que tanto su estructura como toma de decisiones queden a cargo de la Secretaría de Energía.
- Se cancelan las concesiones de minerales radioactivos, litio y de otros minerales considerados estratégicos para la transición energética.
- El Estado queda a cargo de la transición energética y usará de forma sustentable las fuentes de energía de la Nación, con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
- El Estado establecerá políticas científicas, tecnológicas e industriales para la transición energética.
Luego de enviarla al Congreso de la Unión para que sea revisada y posiblemente aprobada, el presidente y Rocío Nahle García, secretaria de Energía, desmenuzaron las razones por las que iniciaron estos cambios. La más importante, dijo el mandatario, es el beneficio para el pueblo y no para las empresas privadas.
“Las grandes corporaciones pagan muy poquito por la luz y toda la gente, los usuarios, más de 40 millones de hogares y de usuarios en general, tienen que pagar más que los que tienen grandes corporaciones, centros comerciales, los que utilizan la luz con propósitos mercantiles, comerciales, económicos, financieros, y el que tiene un foco, dos focos tiene que pagar proporcionalmente más que los de arriba”, dijo.
Durante su “mañanera” incluso presentó diapositivas en las que detalló que un hogar mexicano paga 5.2 pesos por kilowatt; mientras que OXXO lo cubre en 1.8 pesos y empresas como Bimbo o Walmart tienen la tarifa de 1.7 pesos.
Nahle explicó que el Cenace despacha la electricidad primero a quien oferta más bajo, que por lo regular son las empresas privadas, lo cual cambiaría de rumbo. También dio a conocer que en 2018 se realizaron tres subastas de largo plazo de generación eólica y solar, las cuales se cancelarían, ya que actualmente la CFE está obligada a comprar durante 20 años a un precio fijo la electricidad, al precio más alto del mercado. Estos proyectos, informó, fueron financiados por la Banca de Desarrollo de México (Bancomext) o Nacional Financiera (Nafin), “haciéndonos creer que eran inversiones que estaban llegando”.
Además, presentaron una lista de empresas privadas con contratos de “interconexión legados”, con tarifas preferenciales, en la que aparecen: Mineras, Ternium, Acereras, Cemex, Pemex, General Motors, Wal-Mart, Cementos Apasco, Acelormittal, Kimberly Clark, Nissa y Liverpool; además de la Cadena Comercial OXXO, Movistar, Walmart, Grupo Salinas, BBVA Bancomer, Telmex, Telcel, 7-Eleven, Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, HSBC, Tiendas Chedrahui, Cinemex, Deportes Martí, Sanborns, Cemex, Sears, Cinépolis, Tecnológico de Monterrey, Infra y General Motors.
LAS VOCES DE LAS EMPRESAS
Rosanety Barrios Beltrán, exfuncionaria de la Secretaría de Energía subrayó la desaparición de órganos autónomos que regulen el mercado, ya que “en ninguna parte del mundo existe algo como lo que quiere hacer la CFE. La iniciativa establece un monopolio integrado por parte del Estado, se le da autonomía completa a la CFE para que se autorregule, cuando la reforma de 2013 había establecido un regulador autónomo e independiente”, apuntó
Oscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), recalcó que la reforma de 2013 tuvo éxito “al atraer 26 mil millones de dólares en inversión de energías renovables, esto se revierte con la iniciativa de reforma energética de AMLO, ya que se elimina el andamiaje institucional y los incentivos para la inversión en tecnologías verdes”,
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no se quedó atrás y también emitió un comunicado en el que asegura que la reforma eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador, desde su punto de vista, no es viable.
“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no es eficiente en la generación de electricidad ni lo será si se le entrega por ley toda la responsabilidad: Esto implicaría mayores precios de la electricidad, insumo básico para las industrias, los negocios, las oficinas y para los hogares sobre todo ahora que muchas personas trabajan a distancia”, afirmó la Coparmex.
Advirtió además que dicha reforma eléctrica aumentará los costos de electricidad para las empresas, lo que provocará que los bienes y servicios suban de precio, por lo que el golpe también lo recibirán las familias de forma indirecta.
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Greenpeace México, a través del especialista en Energía y Cambio Climático, Pablo Ramírez, señaló que esta propuesta, todavía en revisión, tiene como aspecto positivo el hecho de que se le devuelva a la Nación la potestad de recursos naturales como el litio, lo cual se había modificado en 2013.
Sin embargo, también apuntó que la iniciativa de AMLO indica que sólo la nación podrá generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, lo cual “cancela definitivamente la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria. Esta modificación puede tener implicaciones también en la generación distribuida, ya que al otorgar al Estado la exclusividad para generación, se cancelaría la posibilidad de que los privados (incluidas las personas en sus casas) puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto que existió durante mucho tiempo”.
Como un “grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía”, es como Greenpeace México calificó esta medida, y subrayó que “no olvidemos que los proyectos de generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética.
“Queremos una transición energética real sin falsas soluciones como el llamado gas natural, la energía nuclear o la captura de carbono. Queremos una transición que favorezca la descentralización y la autonomía energética de las comunidades y se dejen de usar de una vez por todas tecnologías altamente contaminantes como el carbón y el combustóleo”, demandó Ramírez.
Las voces alrededor de esta propuesta del Presidente continúan, lo cierto es que será el Congreso de la Unión quien tendrá que revisar y, en todo caso, modificar, votar a favor o en contra la Reforma.
